LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES DEL 20-D

José Muros — SBP-CA

Con el arranque de la campaña para las elecciones generales del 20-D, los partidos políticos dan por cerrados los programas electorales en cuya redacción han estado trabajando durante los últimos meses. Programas en los cuales llama la atención, de cara al sector de la Comunicación,  la creciente mención de los medios, más allá del recurrente debate sobre la gestión empresarial y la calidad de los contenidos de RTVE.

Los partidos han redefinido, especialmente durante el último año, su relación con los medios de comunicación, multiplicando las apariciones de sus representantes en programas de tertulia e, incluso, de entretenimiento, y tratando de hacer alarde de su cercanía, ya no solo a la hora de abordar asuntos políticos sino también al llegar a exponer aspectos de su vida privada.

Independientemente del motivo que haya podido impulsar estos cambios, lo cierto es que en los programas electorales de los principales partidos se habla de medios de comunicación en general, se habla de medios públicos en particular e, incluso, se analiza la difícil situación que atraviesa, desde hace años, el Periodismo.

Para hacer un repaso a los puntos principales en que se menciona a los medios de comunicación, he considerado distribuir las propuestas en tres apartados diferentes:

  1. – Regulación de medios de comunicación y de  sus contenidos
  2. – Medios de comunicación públicos
  3. – Crisis del Periodismo y del Periodista.

  1. – Regulación de medios de comunicación y de  sus contenidos

En este apartado de medidas generales que afectan a los medios de comunicación, cabe destacar el alto número de propuestas lanzadas desde el PSOE, que contrasta claramente con el del partido actualmente en el Gobierno.

El PP se limita a mencionar la introducción de una nueva regulación de los derechos televisivos del fútbol, que incorpora un sistema de venta centralizada, habitual en los principales países europeos y en las competiciones de índole internacional”, y el apoyo a que “un mínimo de la emisión de contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil se produzca en versión original en la televisión”.

El PSOE, por su parte, llega a hablar de creación de “medios de comunicación paneuropeos”, aunque sin aportar más datos sobre este asunto, y encumbra como primera propuesta de este apartado la

“Puesta en funcionamiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para garantizar la supervisión, la transparencia y el pluralismo en el convergente sector audiovisual y el de las telecomunicaciones, así como el cumplimiento de la misión y las obligaciones legales atribuidas a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual.”

Una propuesta similar a la que recoge en su programa UPyD respecto a la creación de

un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales (CENA) que supervise el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual y prevenga las restricciones ilícitas a la competencia garantizando una competencia leal, y vele por el cumplimiento de códigos de buenas prácticas y autorregulación que fomenten los contenidos audiovisuales de calidad.”

Por otra parte, los socialistas también apuestan por la concesión de ayudas financieras para el sector de la prensa escrita, y por fomentar la creación de “de pymes y cooperativas de profesionales para la constitución de empresas de información digital.”

IU hace referencia a los medios tan solo en un párrafo dedicado a impulsar el sector audiovisual “potenciando la creación propia de contenidos para los medios de comunicación, cine y televisión”.”

Podemos prefiere dirigirse al receptor de los medios de comunicación en detrimento del emisor, promoviendo campañas de conocimiento de la realidad mediática para concienciar al conjunto de la ciudadanía acerca de la importancia de los medios de comunicación en el funcionamiento democrático de nuestra sociedad.” Una medida que incluye

“la implicación y la participación directa de la ciudadanía en los medios sin ánimo de lucro y de titularidad pública, tanto en la gestión como en la elaboración de contenidos, a través de plataformas digitales interactivas, el Observatorio de la Cultura, el Consejo Social, el  Defensor del Usuario, proyectos educativos, etcétera”.

Además de la posible creación de un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales, el programa de UPyD recoge una propuesta que sirva para proteger a los consumidores de “la publicidad engañosa, el patrocinio encubierto y regulación de la televenta para erradicar prácticas comerciales desleales.”

Ciudadanos no hace mención a los medios de comunicación al margen del completo apartado que dedica en su programa a RTVE.

 

  1. – Medios de comunicación públicos

Este segundo apartado es el que recoge un mayor número de propuestas que sitúan, especialmente a RTVE, en el punto de mira de los actuales partidos de la oposición. Y es que el Partido Popular no hace mención alguna en su programa al ente público, ni con respecto a su gestión ni en relación a sus contenidos.

El PSOE  sí propone cambios que afectan incluso a la configuración del organigrama de RTVE al solicitar un regreso

“al modelo de elección de la Presidencia y las consejerías de la Corporación RTVE mediante una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso de los Diputados para garantizar la independencia y el pluralismo en la elección de sus órganos de dirección.”

Otras medidas de los socialistas pasan por cambiar el sistema de financiación de la Corporación RTVE y por “favorecer fórmulas de cooperativismo entre periodistas y otras fórmulas para garantizar el pluralismo, promoviendo una oferta de calidad”.

También IU alude a la necesidad de establecer un modelo definitivo de financiación para RTVE con recursos para garantizar la neutralidad y el servicio público”, y aboga por la supresión de cultos religiosos en los medios públicos.

El partido encabezado por Alberto Garzón comparte con Podemos posiciones similares en cuanto a la conveniencia de reformas en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA). Mientras que IU considera que esta ley debe garantizar

“el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.”,

Podemos propone cambios en cuatro aspectos:

“Desgubernamentalizar los medios públicos (RTVE, Agencia EFE, etcétera), y así garantizar su independencia y pluralismo, la calidad de sus contenidos y el cumplimiento del derecho de acceso. […]Llevar a cabo una revisión de los criterios de gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación (público, comercial y tercer sector)[…]Reconocer y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro […]Crear un Consejo del Audiovisual, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA)”

Podemos, además, solicita un “aumento de la presencia de contenidos culturales en todos los canales de difusión de RTVE, con un enfoque pluralista que promueva el conocimiento de la riqueza cultural y lingüística de todos los territorios”, y la colaboración con el canal cultural europeo Arte.

A la vocación de servicio público de RTVE se suma la candidatura de Albert Rivera con una serie de propuestas que incluyen la creación de un código deontológico en la corporación, una reducción del número de directivos, o  la búsqueda de una “financiación estable y suficiente”. Ciudadanos apuesta también por un cambio en el proceso de elección del presidente de RTVE consistente en un concurso público, una criba de entre los candidatos presentados hecha por un comité de expertos, y la aprobación del nuevo presidente por dos tercios de los parlamentarios.

Destacable es también la propuesta de incluir en el Consejo de administración un número de puestos rotatorios dirigidos a organizaciones sociales, que den voz a distintos sectores de la ciudadanía.

Finalmente, Ciudadanos propone la ordenación de una auditoría externa para esclarecer la gestión de la empresa hasta la actualidad, con el fin de “edificar un nuevo proyecto”.

UPyD, dentro del conjunto de medidas que recoge en su apartado de Economía, menciona a los medios públicos en cuatro de sus puntos. Esta formación considera que hay que hacer un estudio de las televisiones públicas para deliberar su

“reforma, redimensionamiento, privatización o cierre. En función de los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen las televisiones y otros medios de comunicación públicos”.

Además, y aludiendo directamente a RTVE, UPyD señala que

“La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización o cierre por razones económicas, impidiendo la concentración de medios en oligopolios de facto. “

Las otras dos medidas de esta candidatura abordan la “profesionalización y despolitización de los Consejos de Administración de los medios públicos audiovisuales” y el “fomento de la producción propia de RTVE”.

 

  1. – Crisis del Periodismo y del Periodista.

Muy novedoso, y especialmente interesante para los profesionales del sector de la Comunicación, es este último apartado en el que recogemos no solo propuestas para mejorar la calidad de los contenidos periodísticos, sino también el análisis que hacen los partidos acerca de la situación que atraviesa el sector; un análisis, por cierto, muy similar al que recoge el Modelo de Periodismo que defiende SBP-CA.

Estas semejanzas son tangibles en el programa del PSOE, que menciona la pérdida de peso social de los profesionales de la información, la crisis de credibilidad y la vulneración de los principios de independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor”. Asegura la candidatura de Pedro Sánchez que

“Sin la intermediación del periodista se corre el riesgo de que puedan perderse valores inherentes al propio hecho informativo como la independencia, acabando devaluándose el propio derecho a la información”, proponiendo después una legislación “a favor de fortalecer la posición de estos profesionales, que son tan importantes para el buen funcionamiento de la democracia.”

IU apuesta por apelar a la raíz del problema al proponer la garantía de

la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos”.

Además, aboga por la creación de órganos interlocutores entre los profesionales de la información y los empresarios de los medios, que refuercen aspectos como su línea editorial o la selección de los contenidos.

Por último, Podemos también propone responder a una “histórica reivindicación del sector” aprobando un

“Estatuto que proteja el derecho a la información de la ciudadanía y recoja los deberes y derechos de los medios y periodistas para garantizar su independencia frente a las presiones, su seguridad y libertad de expresión, unas condiciones laborales dignas y unos derechos profesionales específicos, como la Cláusula de Conciencia o el derecho a formar Consejos de Redacción, de acuerdo al Código Deontológico aprobado por la Comisión Europea.”

Sobre el papel quedan las promesas con que los partidos políticos pretenden garantizar unos medios de comunicación de más calidad y una mejora de las condiciones, tanto a nivel económico como a nivel ético, de quienes en ellos trabajan. Celebradas las elecciones del 20D y formado el nuevo gobierno, que las propuestas pasen del papel a la mesa  ya será todo un avance. Pero que las acciones derivadas de estas propuestas contribuyan a que el Periodismo recobre al menos un ápice de su credibilidad puede convertirse en un reto que quizás requiera de algo más que de buena voluntad política.