4 junio, 2020

Solo Buen Periodismo

Reivindicamos el compromiso con la sociedad

Naturaleza o barbarie. A vueltas con el ‘Caso Cabo Cope’

Cabo Cope (C)VGarcia/ANSE


El incomprensible caso de Cabo Cope, en el municipio murciano de Águilas, amenaza con convertirse en el más triste sainete medioambiental y de voracidad económica del siglo tras el intento de la Región de Murcia de deshacer la compra realizada por el colectivo ecologista ANSE.


Hace un mes, en Solo Buen Periodismo nos hacíamos eco del insólito caso de la compra de una porción de terreno protegido situado en Capo Cope, en el municipio de Águilas. Entonces, nos preguntábamos sobre la idoneidad o no de que fuesen grupos privados, de defensa de la naturaleza, quienes se viesen obligados a comprar unos terrenos que, incomprensiblemente, pese a las figuras de protección que poseen y pese al innegable valor medioambiental que representan, se encontraban en manos de fondos de inversión privados.


También nos preguntábamos acerca de la figura protectora de la administración pública y teníamos la oportunidad de reflexionar sobre los intereses económicos ocultos que parecían explicar el ‘desinterés’ de los poderes públicos, que dejaban hacer, y la presión de las grandes empresas, que presionaban para que la administración pública dejase hacer.

El sainete empieza a tomar tintes de drama épico grecolatino cuando la administración da un giro a su acción y reclama, como ha ocurrido en esta ocasión, su legítimo derecho de tanteo y retracto sobre la operación económica llevada a cabo, a título privado, entre Solvia y ANSE.


Esta pandemia nos obliga a un esfuerzo de reconstrucción y de unidad en el que determinadas propuestas energéticas tendrán que tener cabida en nuestro sistema mucho más rápido de lo que pensábamos

Teresa Ribera. Ministra de Transición ecológica y Reto demográfico

El por qué de este repentino interés particular de la administración por esta operación, en momentos críticos como los que vivimos, podría estar lejos de lo que los legisladores murcianos han querido hacer ver. Aunque su acción podría deberse a la presión mediática y popular, su interés quizás deba leerse desde las recientes manifestaciones de la cuarta vicepresidenta y ministra para la Transición ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera. En estas declaraciones, realizadas la semana pasada, la ministra ya dejaba claro que se empezaba a despejar el camino para la presentación de la Ley del cambio climático y transición energética. Tal y como señalaba el ministerio en febrero de este año, la Ley da un impulso decidido a las energías renovables. “Desde 2021, se convocarán subastas para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW de instalaciones renovables. El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad”. Esta “subasta” y esta apertura del melón energético tiene claros beneficiarios, y no son directa o principalmente los ciudadanos ni quizás el medio ambiente.

Pero, desde el anuncio del inicio de los últimos trámites administrativos, hasta hoy, sobre la mesa ministerial están nuevas urgencias motivadas por la pandemia que, según Ribera, “nos obliga a un esfuerzo de reconstrucción y de unidad en el que determinadas propuestas energéticas tendrán que tener cabida en nuestro sistema mucho más rápido de lo que pensábamos“, y culminaba señalando que “esta crisis nos obliga a reflexionar sobre el mercado eléctrico”

Y es esa reflexión sobre el mercado la que podría haber movido a actuar al gobierno murciano. Ese mismo que durante décadas ha dejado el medio ambiente al albur de los intereses económicos de la construcción y del turismo. Ese mismo que ahora ve cómo el engendro del Mar Menor se convierte en una cloaca de infección y muerte y que empieza a comprender que el cambio climático y la presión medioambiental obligarán a trazar políticas de sostenibilidad contrarias a sus intereses espúreos y al mandato del hormigón y el ladrillo, del rascacielos vacacional y del hotelazo.

Aquí es donde la ministra Ribero, con su simple anuncio, debió encender las luces de emergencia en el tablero político de la Región de Murcia. Y lo hizo al señalar que las nuevas industrias energéticas del hidrógeno, el calor y el frío renovables, el biogás y la eólica ‘off shore’ eran la apuesta del gobierno.

Como ya señalamos en nuestro artículo anterior, la principal presión que se cierne sobre Cabo Cope y la costa de Águilas es la del proyecto energético-urbanístico que Iberdrola tiene planteado en pleno Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. La gigante energética había recurrido en 2019 la sentencia que anulaba la adaptación de los planes urbanos de Águilas y Lorca para sacar adelante, con su división inmobiliaria, el mayor resort turístico del litoral murciano.

Ahora que la Ley de Cambio climático y Transición energética parece estar más cerca que nunca, el gobierno murciano, tan asfixiado como su maltrecho mar interior, ha debido pensar en el trasvase de la cloaca turística del Mar Menor hacia costas más abiertas. Habrá visto en esta operación el salvavidas para una economía centrada en el decadente turismo de masas, y habrá leído entre líneas del discurso de la ministra Ribera que la oportunidad del litoral murciano llegará de la mano de su inquebrantable alianza con la energética-inmobiliaria.

En esta actitud oportunista debe situarse el foco de interés a la hora de comprender los pasos dados por el Gobierno de la Región de Murcia y no en ninguna actuación promotora de la defensa medioambiental. Y no es capricho de los medios, sino puro ejercicio de memoria y hemeroteca, el inferirlo así. Murcia y algunos de sus ayuntamientos llevan décadas en los tribunales por sus desbarajustes medioambientales y urbanísticos. Este escándalo del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, es uno más de estos largos pleitos interpuestos entre la sociedad civil y las administraciones.

El pasado 4 de mayo, el Gobierno Regional ordenó a su Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente el inicio de los trámites para ejercer el derecho de retracto sobre los terrenos adquiridos a Solvia por parte de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) en el parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.


Cabo Cope vista desde la orilla del Parque Regional

Mediante el uso del derecho de retracto sobre una operación de compra-venta intervivos, la Administración se garantiza pasar a ser propietaria de los terrenos adquiridos por ANSE abonando la misma cantidad pactada entre Solvia y la asociación ecologista. Esta facultad, reconocida por Ley a las administraciones públicas, se basa en el artículo 40 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Diversidad que faculta a la administración regional a ejercer el tanteo o retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior.

La misma Administración que anuló la figura de protección ambiental de gran parte del Parque Regional situada entre los promontorios de Cabo Cope y el Lomo de Bas para facilitar la ejecución del proyecto inmobiliario de Iberdrola, y la misma que, indirectamente ha apoyado el recurso de Iberdrola Inmobiliaria frente a la decisión del Tribunal que declaró ilegal aquella desprotección, ahora aparece como principal interesada en adquirir, por la fuerza de la Ley, los terrenos ansiados por la energética-inmobiliaria.

¿Y por qué se puede considerar que la Administración apoya las demandas de Iberdrola Inmobiliaria? Como diría un arquitecto, por proximidad de hiladas, esto es, por la concatenación de elementos sustentantes que apoyan los unos sobre los otros para conseguir que el edifico de falsa bóveda se sustente. Y como elemento clave de esta falsa bóveda, aparece la figura del letrado Manuel María Zorrilla Suárez, que fue quien se pronunció en febrero de 2020 ante el Tribunal Supremo (TS) a favor del recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TJSM) que había dejado sin efecto los planes urbanísticos de Lorca y Águilas.


¿Quien es Manuel María Zorrilla Suárez? Un personaje de cierto interés y bagaje en el que confluyen de forma continuada los intereses público-privados. Inicia su carrera, antes política que pública, como Asesor del ministro de Sanidad Ernest Lluch Martín entre 1983 y 1984; funcionario público y Abogado del Estado desde 1985, donde ha desempeñado labores como Secretario del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, labores de abogado del Estado en el Ministerio de Presidencia y como especialista en derecho fiscal, tributario y de regulación en la Audiencia Nacional, y con destino actual en el propio Tribunal Supremo, entre otras labores.

Este servicio público, bien remunerado por el Estado, ha sido compaginado con labores más onerosas como el libre ejercicio de la abogacía privada, así como la labor llevada a cabo en distintas entidades privadas entre las que, públicamente, como destaca el mismo señor Zorrilla Suárez, su dedicación al Banco de Santander, BSN Sociedad de Valores y Bolsa, Banco Herrero, AB Asesores Bursátiles, diferentes divisiones del grupo Iberdrola, entre ellas Iberdrola Inmobiliaria e Iberdrola Generación, CEMEX, la Inmobiliaria SEPI, o la Gestora de Servicios Inmobiliarios GESINAR.

El dilatado curriculum de Manuel María Zorrilla se complementa, según la Agencia de Rating Axesor con su vinculación entre 1990 y 2015 con 44 empresas, en las que ocupó al menos 68 cargos, manteniendo relaciones laborales actualmente con 3 empresas del sector del holding en las que ostenta cargos directivos, todas ellas con CNAE y SIC relacionados con el comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios, así como la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria.

Este abogado, como vemos, fue además, entre 2010 y 2014, miembro del órgano de dirección máxima de Iberdrola Generación España S.A.U., compañía del Grupo Iberdrola S.A., en el que también está integrada Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., promotora de la urbanización con intereses en Cabo Cope y la costa murciana de Águilas.


Previa querella, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) estimó como válidos los argumentos de derecho presentados por la Asociación Pro-Litoral, ANSE y Ecologistas en Acción contra el ordenamiento urbanístico puesto en marcha en el sector de Marina de Cope, integrado en el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

Por dictamen del TSJM, debían derogarse, por no ajustados a derecho, los planes urbanísticos que habían sido objeto de denuncia. Así, en octubre del año 2016 quedó establecida la imposibilidad de urbanizar en esa zona litoral. Iberdrola Inmobiliaria, amparada bajo el paraguas de la empresa en liquidación, Urbanizadora Marina de Cope S.L., junto a la Asociación Colaboradora de Propietarios (ACP) interpusieron en septiembre de 2017 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la anterior sentencia para revertir sus efectos y seguir adelante con sus proyectos urbanísticos, fundamentados en el “sueño” urbanístico y turístico del ex-presidente murciano Ramón Luis Valcárcel, hoy Vicepresidente del Parlamento Europeo. El recurso se admitió a trámite en noviembre de 2019.

Es precisamente en este recurso en el que entra en juego la figura del funcionario-asesor-empresario Zorrilla Suárez. El Abogado del Estado apoyó los argumentos de los promotores de la macrourbanización Marina de Cope ante la sección 5 de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, manifestándose en el sentido de que el Parque Regional de Cope, cuya figura legal daba protección a los terrenos, “carece de validez jurídica” puesto que, desde que se declaró como tal en 1992 por el gobierno, entonces socialista, de la Región de Murcia, no han sido desarrollados los instrumentos legales para articular la protección que esta figura implica y en concreto la creación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Basándose en esta defensa, el abogado del Estado, solicitaba la devolución del asunto al TSJM para que sea dictada nueva sentencia sobre la anulación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios de Lorca y Águilas y, por tanto, desprotegiendo de nuevo dicho sector y dejándolo libre para la ejecución de las maniobras urbanísticas y de desarrollo privado que habían propuesto las inmobiliarias.

El principal problema al que se enfrenta esta decisión del letrado Zorrilla Suárez reside en que su actuación, según la legislación vigente, podría ser inválida y constitutiva de una presunta irregularidad, dado que, como establece el artículo 10.2ªb del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, el abogado del Estado debería haber cursado una solicitud de participación en el proceso a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de forma previa a la presentación de su alegación en el recurso de casación en el que Iberdrola Inmobiliaria era parte interesada. Esto es así dado que, como hemos señalado, el señor Zorrilla había ocupado puestos como miembro del órgano de dirección de Iberdrola Generación España S.A.U, en el que está integrada Iberdrola Inmobiliaria S.A.U, que es la promotora de la urbanización y parte interesada en la causa.

Esta situación, anómala, y de la que el Ministerio de Justicia ni el Servicio Jurídico del Estado han respondido ante nuestra petición escrita de información, deriva en un evidente conflicto de intereses en el que el abogado del Estado podría ser a su vez, directa o indirectamente, parte interesada en el proceso. También hemos cursado petición al Ministerio de Justicia sobre el oportuno reconocimiento de compatibilidad que el señor Zorrilla Suárez debería tener solicitado y aprobado para el ejercicio, durante todos estos años, de labores profesionales privadas mientras dure el ejercicio de sus funciones públicas. La Ley de Incompatibilidades es clara al respecto.

Queda en manos de la Justicia definir su doctrina al respecto; dilucidar si hay o no conflicto de intereses y seguir dando amparo a un desolador proyecto inmobiliario que acabe por destruir un paraje de indudable valor medioambiental.

Por su parte, Prolitoral, ANSE y Ecologistas en Acción han impugnado el Recurso de Casación contra la Sentencia del TSJM que ratificó la ilegalidad del desarrollo urbanístico de Marina de Cope, al tiempo que han elevado al Ministerio de Justicia un escrito, a través de su defensa encarnada en el abogado Eduardo Salazar, para dilucidar si el abogado del Estado, Manuel María Zorrilla, solicitó al Ministerio de Justicia la preceptiva autorización para evitar el manifiesto conflicto de intereses, y si el Ministerio le concedió  tal autorización.


El otro caballo de batalla del caso es el de las renovables y en concreto de la eólica marina. Ya demostró el ex-presidente Valcárcel su interés inusitado por este tipo de energías en la Región de Murcia cuando inauguró en 2013 el sexto parque eólico de la región del Altiplano murciano.

En estos desarrollos energéticos, una vez más, aparece la figura casi totémica del gigante empresarial Iberdrola. En este caso, dejada la parte urbanística en la costa, el proyecto de la Sierra de las Cabras era desarrollado por la empresa Energías Renovables de la Región de Murcia, que pertenece, curiosamente, al Grupo Iberdrola Renovables, S.A., que se ha convertido en la empresa líder del sector eólico por capacidad en la Región de Murcia.

Uno de los grandes problemas de las renovables ahora mismo, en nuestro país y más en la región de Murcia, es que en el horno de las eólicas marinas se cuecen pingües beneficios. Y es precisamente en el pastel de las renovables donde Iberdrola parece haber centrado buena parte de su interés. Por otra parte, además del evidente interés medioambiental, las instalaciones de energía renovable tienen una importante repercusión económica en las zonas en las que están implantadas, garantizando a los municipios interesantes beneficios anuales actualizados por el Índice de Precios al Consumo (IPC), sumados los impuestos y tasas municipales por alquiler de terrenos y usos de infraestructuras. Todo ello aporta entre la ciudadanía una base sólida para la implantación de las instalaciones que no puede ser obviada.

Si el crecimiento de la eólica en España ha sido muy importante en la última década, el aumento de la eólica marina ha sido casi meteórico en los últimos cinco años en cuanto a gigavatios instalados.


Fuente: Iberdrola.com

Iberdrola, a través de su división eólica marina, sigue tratando de desarrollar en la llanura litoral de la Marina su plan energético eólico amparándose en lo que dispone el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, diseñado por el Gobierno y que incluye la tecnología “offshore” como una de las de mayor relevancia en el mix energético de la próxima década. El anuncio realizado la semana pasada por la ministra Ribera, ha debido servir de aldabonazo para la puesta en marcha de las acciones de la energética en las costas españolas y más aún, con renovado interés, en la región litoral de Murcia.

En definitiva, la propuesta de las administraciones públicas parece centrarse más en el el interés económico que en la protección del medio ambiente. Pero tampoco es menos cierto que a su estrategia no le falta cierta lógica. La apuesta por la eólica es una suerte de respuesta ante los combustibles fósiles y su contaminación. Diferentes colectivos conservacionistas se muestran de acuerdo en que la eólica marina “está llamada a ser una de las grandes alternativas de suministro de energía limpia, tanto en generación de electricidad, como en producción de hidrógeno como combustible rápido“, como señalaba hace casi una década Greenpeace en su informe ‘Viento en popa‘.

Ahora bien, esta defensa de la eólica marina, tan necesaria y en vías de ser impulsada, por fin, por el gobierno, no puede esconder disimuladamente la pérdida de litoral protegido como un mal menor ante la urgencia climática. Porque la evidente necesidad de energías limpias no dota de sentido a la desprotección pública del medio natural en aras de una política energética cuyo mayor beneficio recae, de nuevo, sobre empresas privadas. No estamos hablando, en el caso de la Región de Murcia, de una salvaguarda estatal del medio ambiente; estamos hablando de la recalificación y desprotección de terrenos de indudable valor ecológico para facilitar los proyectos empresariales de un único beneficiario directo, Iberdrola, con todas sus múltiples divisiones monopolistas.

En 2013 España ya quedó fuera de la carrera europea eólica marina. La carencia de normativa para el sector, las dificultades técnicas que presenta nuestra costa peninsular, pero también la reticencia de algunos municipios, fueron tomadas como responsables directos de este estancamiento tecnológico y energético dentro del alegato que, algunos medios de comunicación y determinados sectores políticos, hicieron a favor de la eólica marina. Todo ello se hizo sin que se atendiese a los estudios científicos referentes al impacto de la eólica marina en el medio ambiente. De hecho, hasta el momento no ha habido una respuesta clara a la petición de un Plan Eólico Marino que reclamaba en 2006 Greenpeace en su informe ‘Viento en Popa‘ y en sus observaciones al ‘Borrador de la guía metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental de parques eólicos marinos‘ que acabó publicándose como RD 1028/2007 de 1 de agosto de 2007, donde se regula el ‘procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial‘ y que, incomprensiblemente, dejaba al arbitrio de la ley de 1986 la evaluación del impacto ambiental de la eólica marina, pese a sus particularidades.

Incluso siendo conscientes del potencial de la eólica marina en España, que se cifra en más de 165.000 MW según el informe ‘Renovables 2050‘ de Greenpeace, es prioritario poner los medios para que este potencial se pueda aprovechar en la medida de lo necesario, pero también que se haga dentro del estricto respeto al medio natural marino donde se sitúen las infraestructuras, flotantes o no, de la eólica.

Quizás, pese al potencial de las renovables en España, este de Cabo Cope y el litoral murciano sea un ejemplo claro de lo que señala Greenpeace cuando habla del valor y potencialidad de las renovables pese a que su “ritmo es demasiado lento, pues viene marcado principalmente por los intereses de un oligopolio energético con otros negocios sucios en cartera”. ¿Puede haber negocio más sucio que el que se está gestando desde hace al menos una década en este sector costero mediterráneo y donde vemos confluir los intereses de una única multinacional?

Hasta ahora, el problema de la eólica marina en España estaba en relación con la propia configuración de nuestro litoral, que presenta costas muy profundas debido al pequeño tamaño de su plataforma continental. A poca distancia de las playas, las profundidades se incrementan muy por encima de los 50 metros, que es la cota a partir de la cual el anclaje de aerogeneradores se complica desde un punto de vista técnico y económico. De ahí que Iberdrola haya apostado por las estructuras flotantes, en las que ve el futuro de la energía offshore en España.

Hace dos meses, la gigante energética liderada por Ignacio Galán, presentaba su desembarco en el sector de la eólica marina flotante, liderando el consorcio internacional Flagship en el que participan empresas de España, Noruega, Francia, Dinamarca y Alemania y que, gracias a un concurso de 25 millones de euros promovido la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), gestora de los programas de la Comisión Europea en el ámbito de la energía, permitirá la creación de un primer aerogenerador con una capacidad unitaria de más de 10 MW. El prototipo se instalará en aguas de Noruega en 2022 sobre una plataforma semisumergible de hormigón.

A la par, Iberdrola prepara otro prototipo de turbina flotante para España y su ensayo posterior en las zonas marinas Bimep, en aguas del Cantábrico y frente a las costas de Armintza (Bizkaia) y Plocam (islas Canarias). También ha anunciado su interés por poner en marcha en un futuro inmediato esta tecnología en las aguas del Mediterráneo. Sin duda trata el gigante energético de tomar el pedazo más grande del pastel energético de un futuro cada vez más disruptivo con las energías más contaminantes.

Iberdrola ya contaba, como Coordinadora, con el Proyecto ROMEO -dentro del fondo H2020-EU.3.3.2. – Low-cost, low-carbon energy supply-sobre tecnología offshore financiado por la Unión Europea, con algo más de 16 millones de euros, de los que la Unión pone casi 10 millones de euros. En este Proyecto, entre diferentes colaboradores nacionales e internacionales, destaca la participación de dos de las divisiones de INDRA Sistemas S.A., una de las grandes del índice selectivo español IBEX 35 y una de las 100 empresas mundiales más destacadas en el sector de defensa y seguridad y cuyos principales accionistas son el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el holding de inversión español Corporación Financiera Alba S.A., de la familia March.

La presencia de estos socios podría señalar que el papel estratégico jugado por Iberdrola, otra de las grandes empresas del IBEX-35, en el panorama energético mundial está más allá del mero interés energético particular, aún cuando sus beneficios sean exclusivamente privados. Parece por tanto que el posicionamiento de Iberdrola y algunos de sus proyectos tanto energéticos como inmobiliarios, sean de un interés más global de lo que se pensaba.

Y parece, también, que en este posicionamiento, la Región de Murcia tiene para Iberdrola un papel primordial a tenor de su interés por la construcción del complejo fotovoltaico Peñarrubia en el Altiplano de Yecla-Jumilla.

Con este ambicioso proyecto, amparado en su totalidad por la Sociedad Energías Renovables de la Región de Murcia, ya líder de la eólica en la región y de la que Iberdrola es propietaria en su totalidad, la energética centra su apuesta por la energía limpia y se convierte en líder en renovables en España, con una capacidad instalada de 15.828 megavatios (MW), que se elevan a 30.300 MW con las plantas que posee en todo el mundo y que pretende ampliar con la instalación de 3.000 MW nuevos hasta 2022, y alcanzar los 10.000 megavatios en 2030 para liderar la transición hacia una economía totalmente descarbonizada.



Habrá que prestar atención a cuáles son las estrategias de negocio existentes detrás de la diversificación de negocio de la gigante energética en la Región de Murcia, y sobre todo habrá que analizar de forma detenida los intereses que puedan existir entre la gran urbanización del sector protegido de Cabo Cope y Puntas del Calnegre y el desarrollo de futuros proyector energéticos en su área litoral.

Que la apuesta por las renovables es una apuesta acertada y del todo necesaria no es puesto en duda por casi nadie hoy en día. Que para que las renovables se desarrollen de una forma eficiente y efectiva se necesita del consenso general, tampoco. Lo que es evidente que hay que seguir defendiendo es la protección urgente de aquellos emplazamientos naturales que se quedaron fuera del alcance de los intereses iniciales de la vorágine urbanística. Porque las energías renovables deben sustentar su interés y desarrollo no sólo en la transición de los combustibles fósiles hacia otros modos de generación de energía más sostenible, sino también en la adecuación de las demandas energéticas a la salvaguarda del medio ambiente. De otro modo, se estaría pervirtiendo la razón de ser de las renovables.

Por ello, abogar por la creación de más desarrollos urbanísticos y complejos de disfrute en un espacio tan frágil como el de la costa española, por muy energéticamente saludables que se nos presenten, choca de manera frontal con la idea de crear una sociedad medioambientalmente más comprometida y energéticamente más eficiente y sostenible que nos vende Iberdrola.

Por su parte, la Asociación de Naturalistas del Sureste, fiel al principio solidario con el que adquirieron los terrenos de Cabo Cope, ha abierto la suscripción popular para hacer frente solidariamente al pago de la compra.

Con opiniones encontradas a este respecto, la opinión parece haberse querido desviar del foco principal de atención que no es si el modelo puesto en marcha por ANSE en la adquisición de los terrenos es el adecuado o no, sino si las operaciones encubiertas que hay detrás del ‘Caso Cabo Cope’ y que implican a Iberdrola, a la Abogacía del Estado y al Gobierno de la Región de Murcia, son lícitas o no.


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