25 noviembre, 2020

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Foto: Giovanni Calia

Foto: Giovanni Calia


En plena crisis sanitaria, y a las puertas de la mayor crisis económica y social del siglo, el sector taurino sigue presionando al gobierno para que sean tenidas en cuenta sus pretensiones económicas.


Que el debate definitivo sobre la tauromaquia en España debería haber sido puesto sobre la mesa hace mucho tiempo es cada vez más obvio. Que se siga manteniendo, en pleno siglo XXI la caza dentro del contexto deportivo o el toreo dentro del contexto cultural es, para muchos expertos y activistas, poco menos que una aberración.

El sector taurino remitió recientemente al Ministerio de Cultura un documento titulado ‘37 medidas frente a la crisis del (sic) COVID-19. Dossier de medidas extraordinarias solicitadas por el mundo del todo para poder afrontar las consecuencias producidas por el (sic) COVID-19 en la tauromaquia‘ con el objetivo de que sea ese ministerio quien coordine e impulse las respuesta a la situación en la que ha quedado el sector de la tauromaquia tras la cancelación de eventos y varias ferias a causa de la expansión del coronavirus.


El documento, de 29 páginas, viene avalado por 90 organizaciones, asociaciones y entidades ligadas a la tauromaquia, aunque en realidad son 81, dado que en el documento se incluyen como independientes los 9 capítulos de la Fundación Toro de Lidia, que ya figura como entidad firmante. Se articula en 13 medidas para paliar el daño ocasionado a los profesionales y aficionados, 11 medidas para el reinicio de la actividad, 4 medidas de fomento frente a la posterior crisis económica y 9 medidas de dinamización.

Que empiece el documento señalando que “la tauromaquia es el segundo espectáculo de masas de España, sólo por detrás del fútbol” o que “es una de nuestras industrias culturales más potentes, con más capacidad de atracción de público español y extranjero” no puede más que sonrojar al lector inteligente. Sonrojar porque es manifiestamente falso. Más que falso, lo apuntado es directamente mentira. Y cuando un texto que se envía a un gobierno, es encabezado por una mentira, debería ser directamente desechada su lectura.

Ya en 2016, cuando el sector taurino empezó a dejar correr por los círculos interesados la falsedad de que eran el segundo espectáculo de masas en España, el diario El País, entre otros, a través de un artículo de Antonio Lorca, vino a colocar las cosas en su sitio.

Pero es que los datos que manejaba el señor Lorca no eran fruto de una sesuda y compleja investigación. Sólo era necesario dirigirse a la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura para comprobar que los espectáculos taurinos ocupaban, ya en 2016, el décimo lugar, por detrás no sólo del fútbol, sino de verdaderos espectáculos culturales como el cine, los monumentos, los museos, las bibliotecas, los conciertos de música moderna y actual, las exposiciones, el teatro y las galerías de arte.

Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (Fuente: Ministerio de Cultura)

Pero es que si los datos eran ya de por sí bajos, malos y significativos en el año 2016, donde la tasa anual de asistencia a festejos taurinos de todo tipo se situaba en el 9,5%, son aún más bajos en la última encuesta publicada por el Ministerio de Cultura correspondiente al ejercicio 2018-2019. En ella se señala que la tasa anual de asistencia a festejos taurinos se sitúa en el 8%, esto es, un punto y medio por debajo de los datos del año 2016. Es más, con los datos en la mano, como mostramos en la tabla adjunta, los festejos taurinos, por su entidad, casi estarían a punto de desaparecer de la tabla.

¿Qué significa esto, además de que los promotores del documento de apoyo a la tauromaquia mienten? Significa que la tauromaquia no es un evento de masas y que cada vez es menos popular y cuenta con menor apoyo por parte de la sociedad.

Pero es que, con los datos reales en la mano, si tenemos en cuenta el otro argumento que presenta el texto taurino, el de la televisión, advertimos que los festejos taurinos están igualados a los eventos religiosos televisados -básica, por no decir esencialmente católicos en España- y solo un poco por encima de la conocida como “teletienda”

Fuente: Ministerio de Cultura

Se queja el documento de las asociaciones taurinas del escaso presupuesto que los toros, como elemento cultural, reciben de los Presupuestos Generales del Estado, siendo su imputación a los mismos de un 0,01%. Y esta queja lamenta que no se tenga en cuenta el valor que la tauromaquia aporta a la ‘Marca España‘, de la que el toro es el principal emblema.

Para los redactores del documento, casi un manifiesto y la petición desesperada de un ‘rescate’, resulta evidente que España es España gracias al mundo del toro. Por eso el acervo cultural de los españoles, según ellos “sería mucho menos rico sin la tauromaquia y sin el modo en que la misma ha impregnado nuestra lengua, nuestros ritos y nuestro modo de ver el mundo”.

Y lo realmente preocupante no es que estas asociaciones y entidades lo señalen y lo defiendan. Lo verdaderamente preocupante es que haya en nuestro país una ley sancionada y desarrollada en referencia al valor como patrimonio cultural de España . O peor aún, que haya una ley que, de forma muy peculiar, vincula, a posteriori, la tauromaquia a la Constitución española para, a través de los artículos 44 y 46 y lo dispuesto en el punto 2 del artículo 149, dotándola desde 2013, de un nivel de protección mayúsculo.

Pero es que esta forzada vinculación realizada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013, se fundamenta en dotar a la tauromaquia de un valor, el de ‘Patrimonio Cultural’ que es al que se refieren esos artículos mencionados de la Carta Magna. Por lo tanto, tampoco es cierto, como han venido señalado algunos aficionados, asociaciones, entes e incluso algunos Gobiernos Autonómicos, que la tauromaquia esté contenida en la Constitución. Muy al contrario, la Ley de 2013 se ajustó a una figura de protección ya contenida en la propia Constitución para que, mutatis mutandis, se hiciera el milagro, aunque lo hiciera el diablo, como dice el sabio refranero español.

Pero esta protección legal, existente desde 2013, resulta de relevante importancia para los colectivos taurinos ya que, como el largo preámbulo del documento señala, esa ley obliga “a todas las administraciones públicas a dispensar a la tauromaquia, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, un tratamiento equivalente al que se dispone a las demás actividades artísticas e industrias culturales”.

El problema reside en que el legislador no contempló que en ninguna otra actividad artística o industria cultural se realizaría, y mucho menos se toleraría, la tortura, sacrificio y muerte pública de un animal para el mero deleite del espectador.

En cierto sentido, que el gobierno dotase de una protección casi constitucional a la tauromaquia entraba en colisión directa con la protección de otros derechos también defendibles y protegidos en la Carta Magna, como por ejemplo el artículo 45, que señala textualmente que “todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, y añade que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Aunque, evidentemente, las asociaciones taurinas ven y muestran al toro más dentro del concepto de ganadería, esto es, de naturaleza domesticada y destinada a la muerte. Y aquí es donde se presenta un gran dilema, pues el animal, aunque sea destinado al consumo posterior a su sacrificio, no está protegido por las leyes de gestión de ganaderías y sistemas de muerte sin sufrimiento o dolor contemplado en la legislación española, tal y como promulga la el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.

Y aquí encontramos la eficacia del contorsionismo legislativo del sistema jurídico español. Mientras la ley que regula la protección de los animales en el momento de su sacrificio es un Real Decreto, la ley de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural tiene el rango de Ley ordinaria, pero, en la jerarquía legislativa española, la segunda prevalece sobre la primera. Por lo tanto, se blinda en cierto modo a la tauromaquia legalmente pese a que más de 85% de los jóvenes españoles señalen en la encuesta realizada por la Plataforma La Tortura No es Cultura, que no se sienten orgullosos de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición cultural.

Visto todo este perfecto embrollo legislativo, hay que concederle al sector taurino que su espectáculo, incomprensiblemente y de forma contraria a lo estipulado y defendido por la Unión Europea, goza de unos privilegios que permiten que, caso único, la ley de máximo rango de una nación proteja, de forma indirecta, la tortura, sufrimiento y aniquilamiento de un ser vivo por el mero deleite del público concurrente. Y que además, en virtud de ese entramado legislativo, lo haga con ayuda del erario público.


Peticiones al gobierno

Amparados en este artefacto legislativo, los redactores del documento pasan a redactar sus peticiones, casi a modo de exigencias al gobierno.

Estas peticiones también se articulan de una forma peculiar y particular, pues lo primero que se solicita es que se designen “prestaciones extraordinarias, no sujetas a la figura del ERTE para los profesionales taurinos“. Es más, exigen que las prestaciones especiales se destinen a aquellos profesionales que acrediten 20 días cotizados a la Seguridad Social en los últimos 365 días y que además esa base debe computarse no sobre el tramo de 180 días que indica la ley General de la Seguridad Social en su artículo 270, sino sobre el total del año.

Solicitan además la suspensión de los pagos a la Seguridad Social de profesionales y empresarios. También solicita ayudas a la ganadería bovina de lidia con destino alimentario como las que se han estipulado para las ganaderías de vacuno destinado a consumo humano. Además solicita un fondo extraordinario para “atenuar la pérdida del valor cultural, genético y medio ambiental de las ganaderías de bravo”

En el terreno de los medios de comunicación, su solicitud pide la inclusión de los medios especializados taurinos “tanto como destinatarios de campañas de publicidad institucional, como en las medidas de apoyo a medios de comunicación que se pongan en marcha“, y con un total desconocimiento de la realidad que vivimos, proponen que TVE debe reponer faenas históricas debido a que “la tauromaquia, en tanto que expresión cultural, es una de las necesidades básicas de muchas personas“. Esto último es dar el valor del pan, de la electricidad, del agua o del gas, a un espectáculo, lo cual carece de sentido alguno.

Solicitan además que, entre las medidas de reinicio de la actividad, “la administración pública asuma los costes de los servicios médicos y veterinarios“, de modo que en un momento de postemergencia sanitaria, determinados y valiosos recursos médicos no sólo deberían ser distraídos del bien común de la lucha contra el virus y el consiguiente refuerzo de los servicios sanitarios públicos, sino que además deberían ser costeados íntegramente por las administraciones a favor y para exclusivo beneficio privado de los empresarios de la tauromaquia.

Entre las medidas a aplicar con posterioridad a la pandemia, se incluye la inclusión de información taurina en todos los medios de comunicación y la “eliminación de la censura a la tauromaquia”. En el apartado impositivo, los redactores solicitan la reducción del IVA de la tauromaquia del 10% al 4% como reivindican el resto de actividades culturales, así como una “reducción del IVA del toro bravo para que pase a considerarse como producto ganadero y no como un servicio”

Dentro del último apartado de medidas adicionales, entre otras, el sector solicita campañas públicas de fomento de la tauromaquia entre el público joven y que dentro de un marco de coordinación interdepartamental se incluya la tauromaquia en los diferentes niveles educativos al tiempo que se cree una rama de Formación Profesional básica en tauromaquia y Actividades Auxiliares Ganaderas dentro de la familia agraria.

Tras la presentación del documento y su exhaustivo análisis por parte de diferentes colectivos, las repuestas no se han hecho esperar. Por parte de la organización AnimaNaturalis se comenzó una recogida de firmas -ya han conseguido más de 95.000- para que “no se destine ni un euro de dinero público al rescate de la tauromaquia” que, según señala Aïda Gascón, Directora de AnimaNaturalis en España, “ya recibe, por sistema, ayudas y subvenciones millonarias cada año”.

AnimaNaturalis indica que “la tauromaquia recibe más de 50 millones de euros anuales por parte de miles de ayuntamientos, además de las ayudas indirectas que reciben las ganaderías de la Política Agrícola Común (PAC)”. Para Aïda Gascón “es una vergüenza que el sector taurino esté pidiendo cierta clase de ayudas, pese al gran rechazo que genera en la mayoría de la sociedad”

Para esta organización, de las 37 medidas presentadas, varias de ellas son muy graves. Entre ellas, Gascón destaca las medidas de impacto en la juventud, la asunción de los costes de médicos y veterinarios por parte de las administraciones públicas, los dos millones de euros solicitados para la realización de novilladas, que TVE emita festejos taurinos durante y después de la pandemia o lo más terrible, que quieran incluir contenido taurino en los diferentes niveles educativos.

Gascón señala y advierte que “el dinero público debe gestionarse, ahora más que nunca, con precisión quirúrgica, y no olvidar que la Unión Europea nos está mirando con lupa y debemos demostrar responsabilidad”.

Asegura la organización que la presentación de las 37 medidas ha sido un ardid del sector de “la tauromaquia que aprovecha la crisis de la COVID-19 para tratar de salir de una crisis que lleva más de una década arrastrando”. Los números, como acabamos de ver, dan la razón a AnimaNaturalis.

Por su parte, Ecologistas en Acción señala que, a iniciativa de la Plataforma La Tortura No es Cultura y Animal Guardians, se aglutinaron “más de quinientas entidades diversas, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción y varias organizaciones internacionales, para firmar y enviar una carta abierta al gobierno de coalición para hacerle llegar su inquietud respecto a las posibles ayudas a la actividad taurina”. Dicha carta, fechada el 3 de mayo se dirigía directamente al Presidente Sánchez, el Vicepresidente Iglesias y los Ministros Rodríguez Uribes y Planas Puchades.

Carmen Ibarlucea, Presidenta de la Plataforma La Tortura No Es Cultura señala en la misiva que “exigen total transparencia por parte del Gobierno y el resto de administraciones públicas sobre cualquier ayuda o subvención que se destine al sector de la tauromaquia. Llevamos muchos años de oscurantismo. Sabemos que les llega mucho dinero público por vías indirectas, mientras no dejan de lamentarse por las pérdidas en los medios de comunicación”.

Marta Esteban, Directora de Animal Guardians es más contundente y se pregunta “¿Por qué invertir fondos públicos tan preciados y necesarios en este momento, en una actividad abocada a la desaparición?

La carta concluye haciendo un llamamiento para trabajar en común en la actualización de la legislación de manera que se dé libertad a las Comunidades Autónomas para regular y mantener o no las expresiones culturales de acuerdo con el deseo de la mayoría social.

El Gobierno, por su parte, aprobó el pasado 5 de mayo un Real Decreto-ley destinado a “apoyar y defender” al sector cultural ante la pandemia por la Covid-19. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, señaló que se trata de un “decreto muy pensado y que es justo” y que “tiene todas las dimensiones que debe tener para proteger a un sector fundamental del país, no solo desde un punto de vista industrial, sino desde los valores y el significado que tiene en el estado social y de derecho”

Este Real Decreto-ley contempla destinar alrededor de 76 millones de euros en ayudas para el sector cultural y la financiación de las empresas culturales, así como incentivos y medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan a ayudas, que podrán estrenarse en plataformas, o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos.

Ni una sola mención directa a la tauromaquia. También es cierto que el Real Decreto-Ley no ha caído bien en casi ningún sector de la Cultura, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo que se ha mostrado muy crítico con el ministro.

Fuentes del Ministerio señalaron hace unos días al diario Público “que en estos momentos simplemente se está recabando información de cómo está afectando esta crisis económica a los diferentes sectores de la industria cultural” y por tanto, “no se va a tener una línea especial con la tauromaquia. Cuando salgamos de ésta veremos cómo actuamos”

Parece que el Ministerio de Cultura ha dejado aparcadas, de momento, las elevadas pretensiones del sector taurino. Esto no puede interpretarse aún como un golpe definitivo a la tauromaquia, si bien algunos sectores dedicados a la defensa de los animales y del medio natural consideran que podría tratarse de un primer avance para dejar en dique seco al sector taurino, para que muera de consunción. Pero habrá que estar expectantes a la respuesta de un sector que cuenta con pocos aficionados potenciales, pero mucha fuerza en algunos sectores empresariales y políticos.

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