15 julio, 2020

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Más de mil millones de euros de ayuda al alquiler

El Gobierno ha lanzado una línea de ayudas transitorias, en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado, para ayudar a aquellos hogares que, teniendo unos ingresos inferiores a 2689,20 euros al mes, no puedan hacer frente al alquiler de la vivienda habitual.

La medida, publicada ayer, primero de mayo, en el Boletín Oficial del Estado, como Orden TMA/378/2020, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, y con entrada en vigor el mismo día de su publicación, contempla préstamos, sin interés ni gasto diferido para el solicitante, de hasta seis mensualidades de alquiler y un máximo de 5400 euros por solicitud, asumiendo un coste de alquiler máximo de 900 euros.

Los préstamos serán concedidos por entidades de crédito a las que el Estado garantiza una cobertura total mediante su aval.

El plazo de amortización del préstamo, garantizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), será de seis años máximo, con un periodo de carencia de seis meses a los tres años del préstamo, pudiendo solicitarse, antes de los seis meses de finalización del plazo inicial concedido, una única prórroga de 4 años de amortización, acreditando en la entidad financiera que la unidad familiar sigue en situación de vulnerabilidad.

Uno de los datos más interesantes de esta línea de crédito puesta a disposición de las familias, es que carece de comisiones y de gastos para el solicitante, incluso si se decidiese cancelar o amortizar anticipadamente la deuda.

Los préstamos se concederán a arrendatarios de viviendas habituales localizadas en todo el territorio español, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

Los préstamos avalados y subvencionados sólo podrán otorgarse por las entidades de crédito adheridas a la línea de avales de arrendamiento COVID-19 y serán otorgados por concesión directa y por una sola vez, siempre y cuando el solicitante cumpla todos los requisitos señalados en la Orden.

Los préstamos serán finalistas y se deberán dedicar exclusivamente al pago de la renta del alquiler de la vivienda habitual. El pago de la renta será realizada directamente por la entidad financiera que se encargará de hacer el apunte oportuno en la cuenta bancaria del arrendador señalada por el solicitante.

Esta línea de crédito es compatible con cualquiera de las ayudas al alquiler que aparezcan reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como con aquellas del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. Estas últimas ayudas deberán destinarse a la amortización del préstamo concedido.

Los requisitos que deberán reunir los arrendatarios para que les sea concedido el préstamo incluyen un límite de renta por unidad familiar, que deberá ser inferior a cinco veces el límite del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM) con un límite máximo estipulado en 2689,20 euros. Además, el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar deberán encontrarse afectados por circunstancias que impliquen una reducción de ingresos, bien por encontrarse en desempleo, por estar afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), por haber visto reducida su jornada por motivo de cuidados, por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o por otras circunstancias sobrevenidas que indiquen claramente que dicha reducción de ingresos se ha visto producida por la expansión de la COVID-19.

Además, es condición indispensable que la renta de arrendamiento, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar; se entenderá por ‘unidad familiar’ la compuesta por la persona deudora del arrendamiento, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo aquellos vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, así como su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita que residan en la vivienda. El Ministerio aclara que por ‘gastos y suministros básicos‘ se entienden los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y la contribución a la comunidad de propietarios, referidos al periodo de un mes.

Precio medio del alquiler en España. Fuente: enalquiler.com

Si los titulares de un mismo contrato de arrendamiento fueran varias personas, será obligatorio que todas ellas formalicen un único contrato de préstamo del que responderán de forma solidaria.

Un dato de gran trascendencia es que a los solicitantes no se les exigirá que estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones, lo cual supondrá una medida adicional de alivio para muchas familias.

Para evitar ciertas conductas ilegales, indeseadas, impropias e incívicas, la Orden señala claramente que no se entenderán como incluidas en los supuestos de vulnerabilidad por la COVID-19, aquellas personas solicitantes o que formen parte de la ‘unidad familiar’ que sean propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en España.

Para este caso se han marcado dos excepciones. La primera cuando el derecho a la vivienda en propiedad recaiga únicamente sobre una parte de la misma y ésta se haya obtenido por herencia o mediante transmisión debida a fallecimiento sin testamento. La segunda, para quienes, pese a contar con la titularidad de una vivienda, acrediten que no disponen del uso de la misma por causa de separación o divorcio, por otra causa cualquiera ajena a la voluntad del solicitante o cuando la vivienda en propiedad resulte inaccesible debido a cualquier discapacidad demostrable del titular o de algunas de las personas que conforman la unidad familiar.

Al ser las propias entidades de crédito las que liberarán los préstamos, serán ellas las encargadas de recoger los documentos que acrediten las condiciones subjetivas para la concesión del préstamo.

Así, el solicitante deberá presentar, según corresponda a cada caso, en la entidad de crédito:

Caso de desempleo

Certificado de desempleo, indicando las prestaciones y la cuantía mensual percibidas.

Caso de cese de actividad trabajadores por cuenta propia

Certificado de la Administración Tributaria u órgano delegado de la Comunidad Autónoma, donde figure la base de la declaración de cese de actividad.

Unidad familiar y personas que habitan la vivienda habitual

Libro de familia o documento acreditativo como pareja de hecho.

Certificado de empadronamiento de todas las personas habitantes de la vivienda.

Titularidad de bienes

Certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

En todos los casos

Declaración responsable del arrendatario relativa al cumplimento de todos los requisitos contemplados en la Orden, con mención expresa de que los ingresos de la unidad familiar son 5 veces inferiores al IPREM en el mes anterior a la solicitud de la ayuda y que la renta de alquiler más la suma de los gastos de suministros del hogar que antes hemos mencionado, del mes anterior a la solicitud, resulta superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, así como las circunstancias sobrevenidas que hayan supuesto la reducción de ingresos de la unidad familiar.

La Orden señala explícitamente que cualquier falsedad, ocultación o inexactitud de los datos aportados, dará lugar a la amortización anticipada del préstamo y al reintegro, por parte del solicitante, de los gastos e intereses subvencionados.

Como hemos señalado, la entidad de crédito que conceda el préstamo avalado, será la encargada de abonar el importe de de las seis mensualidades directamente a la persona o entidad arrendadora de la vivienda. El abono se realizará con periodicidad mensual, si bien se puede pactar entre las partes una periodicidad distinta. En cada caso, se realizará, si fuese de aplicación, un pago inicial que comprenda las mensualidades no pagadas desde el 1 de abril de 2020 hasta la firma del contrato de préstamo.

¿Deja esta ayuda desasistidas a las personas más vulnerables?

Analizando las condiciones para la concesión de los préstamos, surge la duda de si ésta línea de crédito, atendiendo a las condiciones inexcusables para su solicitud, no dejará, de nuevo, sin cobertura a las familias en situación más vulnerable. Así, que los gastos de la unidad familiar deban suponer el 35% o más de los ingresos mensuales deja en situación desfavorable a aquellas familias que no cuentan con líneas móviles o fijas de teléfono o cuyo acceso a los servicios de gas y electricidad son muy reducidos en función de sus ingresos.

Además, que la renta máxima por unidad familiar se haya colocado por encima de los 2500 euros mensuales, sobre todo cuando el salario medio español se sitúa en torno a los 2300 euros mensuales, parece una medida dirigida más al apoyo y soporte de las familias de clase media, lo cual no es negativo, pero sí al menos debería dejar abierta la vía de una nueva batería de ayudas para los más desfavorecidos.

Por otra parte, que el límite del alquiler se haya situado en los 900 euros mensuales, señala un intencionado desconocimiento del mercado de alquiler en España por parte del Gobierno, dado que el precio medio del alquiler se sitúa en los 1238 euros mensuales. Este dato contrasta con el enfoque que acabamos de señalar y en el que la medida parece estar más dirigida a la empobrecida y debilitada clase media española, pero de nuevo sin alcanzar esa cuota media de alquiler. Esto, visto de una forma más clara, significa que el préstamo es una ayuda bienvenida pero que en muchos casos podría ser insuficiente para aliviar la ya maltrecha economía de buena parte de las familias. Quizás hubiese sido más prudente y acertado dictar, por parte del gobierno, una ley de regulación del precio del alquiler previa a la concesión de las ayudas…si bien, al no poder invalidarse los contratos de alquiler vigentes, en su mayor parte abultados y abusivos, la situación de esas familias seguiría quedando en un serio apuro.

¿Una ayuda indirecta a bancos y fondos?

Una de las primeras cuestiones que salta a la vista es que esta línea de crédito a las familias, también incluye una nueva ayuda encubierta a las entidades de crédito y fondos inmobiliarios. Ayuda que llega por doble vía. La primera por la financiación por parte del Estado de la totalidad de los gastos y comisiones hasta un total de 112 millones de euros que serán inyectados directamente a las entidades de crédito de forma anticipada por el ICO según la tabla adjunta. La segunda vía de financiación es a través del para nada desdeñable parque de vivienda en alquiler que figura en manos de las entidades de crédito y los fondos de gestión, que según los últimos datos, superan las 130.000 viviendas en España.

Documentos de interés

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19.

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio
con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la
subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la
«Línea de avales de arrendamiento COVID-19»

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