12 julio, 2020

Solo Buen Periodismo

Reivindicamos el compromiso con la sociedad

Residencias: la muerte delegada

(C)Alex Boyd

Si hay consenso mundial en algún aspecto de la pandemia, este se centra en que la enfermedad se ha cebado con las personas de mayor edad y con especial incidencia en los centros de mayores y residencias.

Bien sea por el envejecimiento general de la población, por la mayor esperanza de vida o por el desarrollo de determinadas políticas de dependencia, la situación no es aplicable únicamente a España, sino que afecta por igual a buena parte de Europa y Estados Unidos.

El primer escollo con el que hemos chocado en Solo Buen Periodismo a la hora de abordar este sensible tema, ha sido el de los datos y las estadísticas. La ausencia de datos públicos sobre los centros de atención a dependientes, buena parte de carácter y capital privado, es general. Y es que resulta innegable que los ancianos se han convertido, por desgracia, en un valor especulativo en gran parte del mundo occidental.

Pareja de ancianos en una residencia (C)Elien Dumon

Las políticas neoliberales y el incremento de la esperanza de vida, pero también las condiciones de vida que se han venido fomentando y desarrollando en la mayor parte de los países desarrollados, han contribuido a que las residencias se conviertan en un lugar en el que, por un determinado precio, la sociedad puede instalar a sus ancianos sin que resulten un impedimento o una molestia para el desarrollo de los estándares de lo que nos han venido a señalar como una vida “normal”

Y aquí reside la profunda trascendencia del necesario debate social asociado a la dependencia. Porque este problema, que la COVID-19 ha puesto delante nuestro, es un problema relacionado con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de consumir, pero sobre todo con la “necesidad” de seguir un ritmo de vida y consumo impuestos por un modelo social y económico que ahora, más que nunca, se ha puesto en evidencia y ha quedado en entredicho. Un modelo en el que, valores antaño destacados, como la edad, ahora se contemplan como una carga que recae directamente sobre las administraciones, los propios usuarios y la ciudadanía en general.

El debate no es sólo político. Pero las responsabilidades sí lo son. Son las administraciones públicas las que, amparadas por los votos de una parte de la sociedad, ponen en marcha políticas de gestión social determinadas por un ideario político y marcadas por un talante y una directriz económica. Cuando la ecuación no sale y cuando las políticas fracasan, debe la sociedad pedir las responsabilidades públicas que correspondan. Claro está, que hacer esto con un mínimo de responsabilidad cívica implicaría dejar de lado, en muchos casos, las creencias políticas y solicitar el ejercicio real de la tutela institucional, algo que en muchos países, entre ellos España, parece muy alejado de la realidad.

Donde se diluye la información, desaparece la luz y de su mano la transparencia. Y esta carencia de información actualizada, veraz y fluida, implica que la realidad observada supere a la ficción. Ese es el trágico escenario en el que hemos convertido, en esta sociedad moderna, a esos espacios de confinamiento y tutela diferida que llamamos residencias. Y lo peor de todo es que esa delegación del cuidado y de la responsabilidad, ante la pandemia, se ha convertido también en una triste delegación de la muerte. Y esa muerte ha llegado, en la mayor parte de los casos asociada a la falta de asistencia y a la soledad. Nuestros mayores han muerto prácticamente solos, mal asistidos y aislados en auténticas jaulas de oro; y lo peor de todo es que en muchos casos, las jaulas no eran, al final, siquiera de plata de baja ley.

Los ancianos se han convertido, por desgracia, en un valor especulativo en gran parte del mundo occidental

No hay cifras actualizadas ni consenso general. El número de plazas residenciales se estima en Europa en torno a 4,5 millones, con datos no actualizados en algunos casos desde 2015, según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) obtenidos de cuarenta países. La cifra oscila en torno al 1,5 millones en Estados Unidos, según los datos del Center for Disease Control and Prevention (CDC), donde los datos tampoco cuentan con una actualización reciente ni una transparencia total.

Fuente: OMS

“No hay datos públicos. No hay fiscalización. No hay transparencia” Estas son las principales quejas comunes de las organizaciones civiles españolas

Mayor es la incógnita en cuanto al número real de centros residenciales existentes. Solo se manejan datos aproximativos en algunos países como España, Alemania o Estados Unidos, donde se estima que hay 5.000, 13.000 y 16.000 centros respectivamente. La mayor parte de estos centros son, además, en todos los casos, de gestión privada.

Según los datos publicados por la London School of Economics, entre el 42 y el 57% de las muertes totales por coronavirus sucedidos en Bélgica, Italia, España, Francia e Irlanda, se han producido en las residencias de la tercera edad, donde, por desgracia, la tasa de curación para aquellos residentes ha sido muy baja e indirectamente proporcional a la tasa de infección.

Los cuidados en los centros “han sido notoriamente negligentes e irresponsables”.

Hans Kluge. Organización Mundial de la Salud.

Para Hans Kluge, Director de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, los cuidados en los centros “han sido notoriamente negligentes e irresponsables”. También ha señalado que los datos manejados por su organización señalan que al menos el 53% de las muertes totales por coronavirus detectadas en Bélgica se han producido en las residencias de mayores. Para el Director General Adjunto para las Iniciativas Especiales de la OMS, el italiano Ranieri Guerra, la cuestión relativa a las residencias de ancianos y la COVID-19 es mucho más radical: “Ha sido una masacre”, ha declarado públicamente.

El caso de España es muy significativo. De los más de 5.000 centros existentes y que gestionan algo más de 370.000 camas, tan sólo un 29% de ellos, según fuentes del CSIC y de su portal ‘envejecimiento en red’, son de gestión pública; estando además la gestión pública de buena parte de los centros cedida o subcontratada a empresas u organizaciones no gubernamentales. Del 71% restante, todos ellos en manos privadas, la mayor parte pertenecen a multinacionales y fondos buitre (Amavir, Orpea, Clece, ICG), llegando algunas de las empresas, como es el caso de DomusVi, a tener franquiciados hasta más de 198 centros a lo largo y ancho de la Península.

“No hay datos públicos. No hay fiscalización. No hay transparencia” Estas son las principales quejas comunes de las organizaciones civiles españolas que centran sus acciones en torno a los centros asistenciales. Es el caso de Marea Residencias y de la Coordinadora Estatal de Plataformas de defensa de la ley de dependencia. Carmen López y Aurelio Jerez, responsables respectivamente de cada una de ellas, coinciden en que el más grave problema es la monetización de los ancianos. Así, desde que entran en una residencia, dejan de ser personas para convertirse en números. Unos números, por cierto, muy sustanciales y jugosos.

Si bien es evidente la desigualdad territorial en materia de dependencia en España, el precio medio de la plaza en una residencia oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros mensuales. Como ocurre en todo lo referente a las residencias, los números reales son un auténtico misterio. Nadie ofrece cifras reales y nadie fiscaliza. Hay casos en los que la residencia se nutre de la pensión completa del anciano o la anciana y el resto es suplementado por aportes familiares o por las compensaciones de la administración. Tampoco es raro el caso de residencias, muchas de ellas de gestión directa de la Iglesia Católica, que aceptan donaciones o inmuebles como parte del pago de los servicios de cuidado.

Según los últimos informes publicados en España, el coste medio de la residencia se fija en 16.000 euros, de los que, en la mayor parte de los casos el usuario debe pagar unos 6.800 euros, lo que cifra la aportación media del usuario de un centro residencial en casi 600 euros mensuales.

De las 372.000 plazas ofertadas en el sistema de dependencia español, sólo 208.000 se encuentran asociadas a servicios públicos completos -los menos- o en centros concertados. El 44% restante, algo más de 164.000 plazas, están en manos de las empresas privadas.

El monto anual de beneficios que estos negocios dejaron para las empresas privadas fue de algo más de 3.500 millones de euros en 2016 y mil millones más, 4.500 millones de euros, en 2019. No podemos obviar que una parte sustancial de estos beneficios vienen además diferidos del Estado, dado que el pago de los servicios concertados, implica directamente al erario público.

Tanto la patronal, los profesionales sanitarios, como las diferentes asociaciones que agrupan a familiares de residentes coinciden en algunos puntos. El principal de ellos, que las residencias, tanto de tercera edad como de servicios sociales, no tienen carácter de centros sanitarios sino simplemente asistenciales. De hecho, la mayor parte de los centros que cuentan con profesionales médicos, reconocen que éstos no pueden ni siquiera recetar medicamentos, sino simplemente hacer un seguimiento y, en su caso, derivación de los casos de enfermedad a los centros sanitarios.

Las Asociaciones son claras al señalar lo que ha derivado en la situación catastrófica del sector de la dependencia: la política privatizadora y la dejación de funciones por parte de las administraciones.

“A las residencias se les han roto todas las costuras con el coronavirus”, señala Carmen López de Marea de Residencias. “La pandemia ha puesto de relieve todo lo que veníamos denunciando y demandando”. La plataforma ha iniciado acciones legales y va a presentar una querella conjunta por parte de familiares y trabajadores del sector de la dependencia.

Los responsables de Marea de Residencias no dudan en que es el momento de, superado el dolor y la rabia, señalar a los responsables y exigir esas responsabilidades. “Esta situación lleva siendo denunciada desde hace mucho tiempo, de forma masiva, en todas las Comunidades, siendo desoída por las distintas administraciones. El lucro no puede ser más importante que la dignidad de las personas”, señalan en su escrito público.

Las Asociaciones son claras al señalar lo que ha derivado en la situación catastrófica del sector de la dependencia: la política privatizadora y la dejación de funciones por parte de las administraciones. Algo en lo que coinciden los principales sindicatos sanitarios y asistenciales y que es, además, un clamor durante el desarrollo de la pandemia. Los recortes en Sanidad y la privatización de los servicios asistenciales y en especial de dependencia, ha creado un sumidero por el que se han colado decenas de miles de vidas.

El último informe publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, es claro y señala a los recortes acumulados desde 2012 por las Administraciones Públicas al sector y que ascienden a más de 5800 millones de euros.

Fuentes de interés:

Informe (2016): Las personas mayores en España. IMSERSO

Informe (2020) Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

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