29 septiembre, 2020

Solo Buen Periodismo

Reivindicamos el compromiso con la sociedad


Mientras se va desgranando, poco a poco, la “nueva normalidad” en cuya transición sitúa el gobierno las fases que, a través de la pandemia, asimétricamente, transitamos los españoles, en la Comunidad de Madrid el escándalo marca la agenda de su presidenta después de que eldiario reparase en la existencia de una adjudicación directa, de más de medio millón de euros, a nombre de Room Mate, la empresa de Enrique Sarasola Maralunda, por el uso de dos hoteles durante la pandemia.


El asunto saltó a la luz después de que eldiario comprobase, a través del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, la publicación de un contrato de emergencia, adjudicado sin publicidad, por una cuantía total de 565.749,58 euros en concepto de la ‘contratación de puesta en marcha y funcionamiento de hoteles como espacios de uso residencial de personas mayores‘, dentro del marco de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (COVID-19)


Fuente: eldiario.es a través del Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid

El debate, agriado por el paso de los días y la creación, sobre la marcha, de diferentes explicaciones, algunas casi improvisadas, dio lugar a la emisión de un comunicado por parte de la empresa Room Mate que venía a contradecir algunas de las declaraciones realizadas inicialmente por la Presidenta Ayuso.


Unas horas después de que eldiario publicase los contratos objeto de discusión, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad cambió, aduciendo a un error, el documento publicado, presentando en su lugar otro contrato, con el mismo objeto, pero en el que cambiaban algunos datos significativos. El más llamativo, la cuantía de la licitación, que en este caso ascendía a 240.443,57 euros. El segundo, el adjudicatario del contrato, que pasaba a ser la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. El tercero, el CIF de la empresa adjudicataria y el cuarto y no menos importante, el número de ofertas, que en este caso señalaba un 1, mientras que en el caso anterior indicaba 0.

Este contrato se incluía en la partida de 806.193,15 euros destinada al contrato de servicios del epígrafe de Vocabulario Común de Contratación Pública (Common Procurement Vocabulary o CPV) correspondiente a Servicios de alojamiento hotelero, cuya adjudicación fue publicada el 12 de mayo de 2020 por el Gobierno Regional. Y este dato del CPV es de vital importancia en este caso, como veremos más adelante.


Es algo lógico, un hotel no puede ofertar un servicio de las características encargadas a la Coordinadora del Tercer Sector; cantaría muchísimo. Sin embargo, sí parece más lógico que se negociase el alquiler del hotel por un lado y la gestión del mismo como uso residencial para personas mayores por otro

Fuente técnica de la Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid


La adjudicación, supuestamente errónea, publicada a nombre de Room Mate, por un importe de 565.749,58 euros, cuando se une a la publicada según la corrección realizada por la Comunidad de Madrid, adjudicada a la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid por 240.443,57, suma la cantidad exacta del presupuesto base de licitación total de 806.193,15 euros aprobado por el Consejo de Gobierno. Esta licitación, según señala el expediente de gasto, contempla los servicios de alimentación, atención social, sanitaria, personal, limpieza, transporte, lavandería y seguridad a los residentes en los hoteles ‘Room Mate Alicia‘ y ‘Room Mate Alba‘. Estos alojamientos fueron puestos a disposición de la Comunidad de Madrid por la cadena Room Mate para que fuesen utilizados para uso residencial de personas mayores mientras durase la emergencia sanitaria.

Sabiendo por fuentes de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid que el ajuste de los trabajos con algunos proveedores es muchas veces previo a la licitación, el único error que se aprecia es el del funcionario que envió a publicar la primera partida del presupuesto, tal y como manda la ley.

Es evidente, comenta una fuente de la Consejería dirigida por Javier Fernández-Lasquetty que el contrato se dividió en dos, correspondiendo un parte, la más alta, al arriendo de los hoteles, y la segunda, de menor cuantía, a los servicios de logística, contratación de personal y gestión de los hoteles como “unidades residenciales asistidas de carácter hospitalario”. La misma fuente de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid indica que “este es un procedimiento habitual y que los números publicados son claros al respecto”. “No hay lugar a la confusión”

Parece evidente que la Comunidad de Madrid camufló bajo el epígrafe de “contratación de  puesta en marcha y funcionamiento de hoteles, como espacios de uso residencial de personas mayores” y en una única partida presupuestaria, ajena a toda publicidad, dado el carácter de urgencia del contrato, dos trabajos destinados a dos cometidos económicos y, por tanto, a dos licitadores diferentes. “Es algo lógico. Un hotel no puede ofertar un servicio de las características encargadas a la Coordinadora del Tercer Sector; cantaría muchísimo. Sin embargo, sí parece más lógico que se negociase el alquiler del hotel por un lado y la gestión del mismo como uso residencial para personas mayores por otro”, señala la fuente consultada y que, por motivos de seguridad prefiere que se omita su nombre. “El único problema es que algún compañero envió al portal de la transparencia los datos, porque ese es el procedimiento habitual y seguramente porque alguien de arriba consideró que nadie repararía en ello. La cuestión es que alguien ha reparado y algún periódico se ha dado cuenta de que el dueño de los hoteles dijo que no los alquilaba, sino que los cedía de forma gratuita”, concluye el funcionario.

Preguntado de nuevo este funcionario acerca de si habría podido tratarse de un error y si, como ha señalado la Consejería, es habitual que se modifique un contrato después de su licitación, señala que “es normal que si sacas una licitación por un concepto y la asocias a una partida, de la que debes hacer una RC (reserva de crédito) previa, para luego pasar a la tramitación de AD y ADOK, que ahora con Nexus se ha complicado un poco más, y que garantiza que todo está correcto, y llegado el momento de la comprobación de los servicios, se comprueba que sólo han sido prestados parte de ellos, la administración pague sólo por los servicios realmente ejecutados. Pero esto es la teoría, la práctica de las oficinas presupuestarias es que todo cuadre para que la Intervención Delegada no ponga reparos y con ello empiece a hacer preguntas y comprobaciones que alarguen la tramitación definitiva del expediente”

Analizada la cuestión con calma y teniendo en cuenta lo indicado por la fuente de la Consejería de Hacienda, resulta evidente que en el caso del expediente 125/2020 de la Consejería de Políticas Sociales, todo cuadra perfectamente, como le gusta a la Intervención Delegada. Todo está perfectamente atado para que no haya, sobre todo, demora en el pago.


Room Mate, debido a su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y la actividad Standard Industrial Classification (SIC) a la que está sujeta su empresa, no puede legalmente contratar personal sanitario, ni ofertar servicios asistenciales de carácter sanitario a la tercera edad. Por eso la Comunidad de Madrid busca una ’empresa amiga’ que pueda facturar con su epígrafe sin que levante sospechas en la Intervención


Consultada de nuevo la fuente, preguntamos qué podría pasar ahora mismo con esa parte que ha quedado liberada. La respuesta no deja indiferente. “Seguramente se busque otra forma de pagar si los servicios se han prestado. Se podrá habilitar otra reserva de crédito, incluso en otra Consejería, por ejemplo la de Cultura y Turismo, que además es afín políticamente a la Consejería de Políticas Sociales, traspasar por orden del Consejo de Gobierno el remanente de esa partida e imputarlo a lo que se quiera imputar. Evidentemente no es muy ortodoxo, pero es una práctica más habitual de lo que se piensa”, señala el funcionario. “Y la cuestión es que, sea moral o no, este empresario ha alquilado sus hoteles para ser usados como espacio residencial para ancianos. Y si lo ha hecho, debe cobrarlo”, concluye por último.

Esto resulta evidente. Quien usa paga. El problema aquí es que, al inicio de la pandemia, cuando la opinión pública y los medios de comunicación presionaron al Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto al uso de los hoteles como hospitales, tanto la presidenta Ayuso como Kike Sarasola negaron de forma rotunda que se tratase de un alquiler y que los hoteles se pondrían al servicio de la Comunidad de Madrid de forma gratuita. Ahora resulta evidente que no fue así y que, de cara a la galería, las declaraciones fueron meramente decorativas. Por debajo, en los fogones de Presidencia y de las Consejerías, como parece ocurrir bastante a menudo, el contrato ya estaba en marcha y cerrado. No había publicidad; no había más licitadores; no había más ofertas, y Room Mate se llevaba la parte del alquiler y la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid se embolsaba, también por urgencia y sin publicidad, la parte correspondiente al apartado asistencial de los ancianos.

Pero, ¿por qué dividir en dos el contrato? El funcionario de la Consejería de Hacienda es tácito. “Porque Room Mate, debido a su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y la actividad declarada en la Standard Industrial Classification (SIC) al que está sujeta su empresa, no puede legalmente contratar personal sanitario, ni ofertar servicios asistenciales de carácter sanitario a la tercera edad. Por eso la Comunidad de Madrid busca una ’empresa amiga’ que pueda contratar los trabajos y facturar con su epígrafe sin que levante sospechas en la Intervención”

Room Mate S.A. se constituyó en Madrid el 2 de febrero de 2000 y, consultado su CNAE tal y como nos indicaban desde la Consejería de Hacienda, vemos que éste se corresponde al epígrafe de Hoteles y alojamientos similares. Por su parte, su actividad SIC 7021, corresponde a Pensiones y casas de huéspedes y su objeto social es “la tenencia, promoción, compraventa, rehabilitación, explotación y gestión de Hoteles, Hostales, restaurantes, cafeterías y bares, bien directamente o en cualquier forma o bajo cualquier título”. Por lo tanto, como señala nuestra fuente, legalmente no podría ser la adjudicataria de ese contrato completo que incluyese el servicio de asistencia a las personas mayores y por eso la Administración, tuvo que buscar una empresa con la que pudiese hacerse la oportuna joint venture.


En este caso, el asunto es más enrevesado, pues “la tercera en discordia” es una Asociación o Entidad Sin Animo de Lucro, tal y como indican sus datos fiscales. Una organización que, por tanto, no redistribuye sus beneficios a sus propietarios y accionistas, sino que los reinvierte en la entidad para seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales.

El problema se ha agravado porque la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid dice que en su contrato no figuran los 240.443,57 euros que ha publicado la Comunidad de Madrid. Para nuestra fuente en la Consejería de Hacienda esto se debe a que “probablemente, el monto final de los trabajos facturados no sea el que en principio se reservó. Pero sería raro que esto fuese así, porque normalmente los contratos de licitación se hacen ajustados a unos precios de servicio. Podría ocurrir que el hecho que generó la emergencia acabase antes de lo que señala el contrato y por tanto, faltaría una parte por cumplir y entonces correspondería a la Administración exclusivamente el pago de los servicios realmente prestados y documentalmente justificados”

La Coordinadora del Tercer Sector de Madrid, que atendiendo a sus Estatutos puede perfectamente prestar la labor asistencial necesitada en el contrato, y “aunque carezca de CNAE y SIC, debe contar con la oportuna inscripción en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para facturar con la Comunidad de Madrid. En caso contrario, debería haber recibido la aportación a través de una subvención nominativa, pero “ese es un proceso administrativo mucho más lento y complejo”, señala nuestra fuente.

Todo esto parece casar más con las declaraciones realizadas por Rafael Escudero ayer a la Agencia Europa Press a raíz de todas las noticias publicadas que afectaban a la Coordinadora. En esas declaraciones, Escudero indicaba estar “muy indignado, porque nos ha tocado aclarar este asunto”. Escudero advierte más de un error en la publicación de la Consejería de Políticas Sociales ya que aparece reflejada como “adjudicación” lo que es una provisión de gasto que venía en una memoria anexa del expediente completo. Esto implica que la Coordinadora del Tercer Sector accede a la licitación mediante un contrato consistente en asumir el gasto de atención y servicios desplegados mediante el cobro, a mes vencido para que, conforme marca la legislación, previa presentación de las facturas correspondientes, la Consejería de Políticas Sociales abone la cantidad previamente adelantada por la empresa adjudicataria.


Por una suite de lujo para la presidenta

Conviene recordar que, probablemente, nada de esto habría trascendido si no fuese porque la Presidenta de la Comunidad de Madrid se aloja desde el 16 de marzo, en dos suites de lujo en el exclusivo “Royal Suite Skyline” de Ópera, propiedad también del empresario Kike Sarasola, dueño de Room Mate S.A. y por los que, aún no se sabe a ciencia cierta quién, debería pagar 6.000 euros mensuales, atendiendo al precio público ofertado por la cadena y donde se señala que el coste de esa suite es de 200 euros diarios, tal y como publicó en un principio, el pasado 11 de mayo, Vanity Fair y han recogido después numerosos medios.

Tanto Kike Sarasola como la Presidenta Ayuso han salido rápido del atolladero señalando que pactaron un ‘pack-oferta’ con un precio especial de 80 euros el día, lo que equivaldría a 2.400 euros al mes que, a su vez Ayuso ha señalado pagará de su bolsillo. Una oferta fuera de lo común y que rompe todo el mercado de la competencia, ya que hay pocos lugares de lujo donde alojarse por 80 euros al día en dos suites, de más de 400 metros cuadrados en conjunto, con parking, seguridad y servicios.

Cierto es que cada cual puede alojarse donde crea oportuno y conveniente mientras lo aguante su bolsillo, como han indicado numerosos políticos y algunos medios. El problema en este caso, estriba en esa extraña coincidencia de que el proveedor del lujoso lugar de ‘confinamiento’ de la Presidenta Ayuso, sea también quien cede ‘gratis et amore‘ dos hoteles exclusivos para su uso residencial por parte de ancianos derivados de algunas residencias de la Comunidad de Madrid.

Ante tanta coincidencia, es cuestión de tiempo esperar a la publicación del expediente de contratación íntegro y ver si en él se especifica, además del contrato de los hoteles, el uso de las dos suites presidenciales. Visto el cariz que está tomando el caso, no sería extraño que fuese así, o que por el contrario, todo este revuelo derivase en la desaparición de los contratos o su dilución a través de otras prestaciones o servicios facturados definitivamente para otras Consejerías.

Y aquí el problema es doble, porque además de esa coincidencia, se plantea el hecho de que en plena pandemia, con los estragos no sólo sanitarios, sino sociales y económicos que está suponiendo para la población, no parece honesto ni ejemplar que la Presidenta de una Comunidad Autónoma se traslade a un lujoso y exclusivo hotel para disponer de más de 400 metros cuadrados para teletrabajar. Tampoco parece honesto que se excuse la Presidenta en la necesidad de estar confinada en virtud de un contagio, que debemos creer real, para ocupar este lujoso emplazamiento si después de pasada la cuarentena decide permanecer en él y realizar su vida política y social a su entero placer desde tan modesto lugar. Pero eso, como señalamos, se centra en la honestidad, la humildad y el sentido común que aunque fuese deseable, no tiene por qué ser obligado encontrar en un político.

Ahora, al hilo de los datos recabados, queda mucha labor de investigación por delante. Por una parte, ¿por qué hubo tan pocos licitadores para un contrato de tanta envergadura económica e interés social? Por otra, ¿en virtud a qué criterio objetivo se eligió a Room Mate y a la Coordinadora del Terecer Sector como invitados y adjudicatarios únicos de este contrato?

Queda rastrear, si es cierto lo señalado por la fuente de la Consejería de Hacienda, a través de qué partida y en qué Consejería aflora finalmente el pago a los servicios prestados por Kike Sarasola a la Comunidad de Madrid, o en su caso, que aparezca el documento público de cesión gratuita del uso de los hoteles. Porque de ser real esa cesión, administrativamente debe quedar también reflejado en documento público del que, de momento, nadie ha hablado ni hay rastro.

Al hilo del artículo publicado por Solo Buen Periodismo sobre las residencias de mayores hace unos días, queda preguntarse cuántos ancianos y desde qué residencias fueron trasladados al Room Mate Alicia. También sería interesante que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, dirigida por Alberto Reyero, explicase claramente cuántos de estos ancianos procedían de residencias de gestión directa, cuántos de gestión concertada y cuántos de residencias privadas. Nos consta, por fuentes de esa Consejería, que desde sus servicios se ha estado procurando atención, soporte y dotando de material a todas las residencias. No podemos olvidar que muchas de ellas cobran una nada desdeñable cantidad de dinero a sus usuarios y a la administración en conceptos de atención y cuidados. Bueno es que la Administración dé soporte y servicio a todas las residencias, pero sería un gesto de transparencia para los ciudadanos, pero sobre todo para los residentes y sus familias, que se publicasen los datos reales de todos esos traslados, así como de la ayuda prestada, a modo de rescate, a entidades privadas o concertadas que deberían haber podido responder a la emergencia sanitaria por sus propios medios.

Aunque uno es libre de hacer las amistades que crea más oportunas y aún sabiendo la importancia de la presunción de inocencia, nos cabe preguntarnos ¿qué necesidad tenía la Comunidad de Madrid de iniciar, o mantener, tratos con un empresario como Kike Sarasola, pendiente de investigación por un delito fiscal junto a su madre y su hermano y posiblemente implicado en el entramado de ‘offshores’ del caso Gao Ping?

¿Estaremos a las puertas del Room Mate Gate de la Comunidad de Madrid?Sin duda es pronto aún para saberlo.

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