10 julio, 2020

Solo Buen Periodismo

Reivindicamos el compromiso con la sociedad

Se vende la Tierra

Cabo Cope visto desde la Playa de Cope (Águilas) (C) J. Alberto CC BY-SA 4.0

El grupo conservacionista ANSE compra Cabo Cope (Águilas, Murcia)

Si ya resulta complicado entender que alguien compre un espacio natural, más complejo es de explicar cómo puede ser que un espacio natural de gran valor natural y belleza esté a la venta.

La gestión privada de enclaves naturales es un tema de gran calado y trascendencia, sobre todo en España, donde un porcentaje importante de las áreas de mayor valor ecológico se ha visto irremediablemente alterado o destruido en aras de un siempre dudoso crecimiento y desarrollo económico.

El caso del litoral español, y en especial del litoral mediterráneo es paradigmático. Las áreas costeras se han visto cercenadas, ocupadas y sistemáticamente destruidas por parte de magnates del hormigón con la connivencia clara de algunos poderes públicos y la dramática inobservancia de los principales argumentos legales nacidos, supuestamente, para la protección del medio natural, como la Ley de Costas.

Si hay un precedente en España al intento de detener la vorágine inmobiliaria y su ansia sobre los enclaves más singulares del paisaje español, este es Doñana.

El 30 de diciembre de 1963, el World Wildlife Fund (WWF) certificaba, tras más de dos años de dura lucha, la compra de 6.794 hectáreas de las marismas de Doñana. El Fondo internacional se había creado en abril de 1961 con la intención de financiar a otros grupos conservacionistas ya existentes y buscar fondos económicos con los que proteger la naturaleza, tal y como se desprendía de lo estipulado en el “Manifiesto Morges”. La compra de esas casi seis mil ochocientas hectáreas supondría la creación, liderada por el biólogo Jose Antonio “Tono” Valverde, de la Reserva Biológica de Doñana.

Por muy loable e imprescindible que fuese en su momento esta gesta, lo cierto es que lo que se debería haber abierto en realidad era un necesario debate sobre la propiedad privada y la necesidad de conservar, cuidar y enriquecer el patrimonio natural mundial. Dicho debate, que debería haber estado encabezado por los líderes políticos mundiales, en plena era capitalista, se dejó en manos de agrupaciones internacionales, nacionales o incluso locales, aún sabiendo de la titánica lucha que supondría defender la Naturaleza en un mundo dominado por el dinero y la propiedad privada.

“La clave era y es evitar que el terreno caiga en manos de un fondo especulativo que trate de resucitar el sueño inmobiliario de Ramón Luis Valcárcel y del Partido Popular”, actual Vicepresidente del Parlamento Europeo.

Pedro García. Presidente de ANSE

¿Cómo puede permitirse un país como España que algunos de los enclaves de mayor valor ecológico estén en manos de gestores inmobiliarios? Porque este era el caso de Cabo Cope; realmente el promontorio rocoso que lo preside y que, incomprensiblemente, formaba una finca de 270 hectáreas delimitada por la carretera de Calabardina hacia la Torre de Cope y de la que según el catastro, están excluidos varios pequeños enclaves donde existen viviendas particulares, pertenecía a la entidad financiera Bankia que, tras el reajuste bancario -conocido como rescate a la banca- tras la crisis de 2008, acabó en manos de Solvia, comercializadora de los productos inmobiliarios y los terrenos de la SAREB, o “banco malo”

El problema real, tal y como reconoce Pedro García, Director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), es que la compra se ha realizado con un préstamo bancario avalado por aportaciones personales, pero en realidad, el grupo ecologista confía en sufragar la compra con el lanzamiento de una campaña internacional de captación de fondos.

La cuestión más alarmante es que esta acción particular pone de manifiesto que algo no funciona en la gestión y preservación de los espacios naturales en España. ANSE había solicitado de forma reiterada a diversas administraciones públicas -el Ayuntamiento de Águilas y la Región de Murcia- que comprasen los terrenos, protegidos por ley, para evitar futuras acciones de especulación inmobiliaria. Todo esfuerzo por implicar a las administraciones resultó “lamentable e incomprensiblemente infructuosa” tal y como señala Pedro García. De hecho, señala, “este sueño se hizo realidad gracias a la confianza de una Junta Directiva de apasionados por la conservación, grandes naturalistas e investigadores, y el respaldo incondicional de WWF”

La incongruencia es total para el ciudadano. ¿Cómo puede ser que un espacio protegido por ley, deba ser protegido del afán carroñero de los fondos de inversión inmobiliaria?

Iberdrola Inmobiliaria fundamenta su recurso en la supuesta invalidez del parque regional debido a que, transcurrido un año de su declaración, en 1992, no se aprobó su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

La respuesta parte de los sueños de grandeza y desarrollo urbanístico y turístico medioambientalmente insostenibles del Partido Popular de la Región de Murcia, y más concretamente del Plan de Desarrollo urbanístico y turístico que Ramón Luís Valcárcel, actual Vicepresidente del Parlamento Europeo, tenía diseñado para la región y especialmente para el área de Águilas.

Vista general del litoral de La Marina y Cabo Cope (Águilas, Murcia)

Pero es que los intereses políticos y económicos están firmemente anclados en el deseo de “urbanizar” la zona del litoral de la Marina. Iberdrola, y su división eólica marina, sigue tratando de desarrollar en la llanura litoral de la Marina su plan energético eólico marino amparándose en lo que dispone el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, diseñado por el Gobierno y que incluye la tecnología “offshore” como una de las de mayor relevancia en el mix energético de la próxima década.

Si el Tribunal Constitucional ya dio la puntilla al ambicioso plan de Valcárcel en 2012, declarando ilegal la desprotección de gran parte del parque entre los promontorios de Cabo Cope y el Lomo de Bas, parece que todo está a la espera de que se cumplan las promesas electorales del presidente regional Fernando López Miras y que se concrete la creación de una Reserva Marina de Interés Pesquero. Pero nada de esto se ha concretado y la batalla legal sigue en marcha de forma indolente y obviando la emergencia real a la que está expuesto el litoral murciano.

En 2019, Iberdrola, principal entidad interesada en la edificación y urbanización del litoral, recurrió la sentencia que anulaba la adaptación de los planes urbanos de Águilas y Lorca al frustrado complejo turístico promovido por Valcárcel. El recurso aceptado y que aún estudia el Tribunal Supremo, se fundamenta, incomprensiblemente, en que el parque regional «no tiene validez jurídica».

Iberdrola Inmobiliaria fundamenta su recurso en la supuesta invalidez del parque regional debido a que, transcurrido un año de su declaración, en 1992, no se aprobó su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

En esta región privilegiada debía construirse, a imagen del sueño (tal vez pesadilla) vacacional de Marina D’Or, «el mayor resort del Mediterráneo». Un ambicioso desarrollo urbanístico donde se proponía edificar 9.000 viviendas, hoteles, centros deportivos, campos de golf y una marina interior en pleno Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre. Previamente a la “concesión de las licencias”, la Administración regional había desprotegido irregularmente al menos 21 millones de metros cuadrados.

Si bien resulta loable la acción de ANSE, su puesta en marcha debería llamar a la reflexión social. ¿Por qué la sociedad debe litigar para defender un espacio protegido? ¿Por qué las administraciones regional y central se desentienden de la protección del medio ambiente frente a la voracidad urbanística? Y nos asalta la duda de si, ojalá no suceda, ANSE es incapaz de reunir los 500.000 euros que supone la compra, ¿deberán hacer frente la Asociación y sus miembros a embargos para el pago? ¿Dejará sin amparo la Administración a estos ciudadanos que tratan de defender el medio ambiente incluso mediante el uso de las mismas armas económicas del enemigo?

Consultado el Ministerio de Transición ecológica y Reto demográfico, por Solo Buen Periodismo, seguimos a la espera de una manifestación al respecto. Es evidente que el Gobierno de la nación se enfrenta a problemas de emergencia sanitaria, pero ¿acaso no es una emergencia evidente e inmediata la necesidad de protección y tutela estatal de nuestro medio natural? Seguiremos, en nuestro compromiso con la sociedad, a la espera de las respuestas del Ministerio para continuar el rastro de esta interesante iniciativa popular.

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